Desde que se disolvió la Unión Soviética, Occidente ha venido utilizando los tribunales ‎internacionales y la justicia estadounidense para imponer su ley. Las potencias occidentales ‎imponen condenas a quienes las desafían pero nunca juzgan a sus propios criminales. Esa forma de ‎‎“justicia” se ha convertido en el ejemplo absoluto de su política de doble rasero.

Pero el ‎debilitamiento de la dominación occidental desde la victoria de Rusia en Siria, y sobre todo ‎ahora, con el conflicto en Ucrania, comienza a tener serias repercusiones sobre ese sistema. ‎

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EL FIN DE LA DOMINACIÓN DE OCCIDENTE COMENZÓ EN 2016

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El 5 de mayo de 2016, el presidente Vladimir Putin proclamaba la victoria de la civilización sobre la ‎barbarie, o sea la victoria de Siria y Rusia sobre los yihadistas armados y respaldados por ‎Occidente. Se organizó entonces un concierto en la ciudad siria de Palmira, en las ruinas de ‎la antigua ciudad donde la reina Zenobia había logrado que todas las religiones convivieran en paz ‎y armonía. Simbólicamente, aquel concierto de la orquesta del teatro Mariinski, de ‎San Petersburgo, se llamó “Plegaria por la Paz” y el presidente Putin se dirigió a los presentes ‎por videoconferencia. ‎

Los pueblos occidentales no entendieron aquello porque no tenían conciencia de que ‎los yihadistas eran sólo títeres de los servicios secretos de Occidente. Sobre todo después de los ‎atentados del 11 de septiembre de 2021, los pueblos occidentales veían a los yihadistas como ‎enemigos y no entendían porqué los crímenes del yihadismo terrorista en Occidente no tenían la ‎misma envergadura que los que cometían en el resto del mundo. Por ejemplo, los atentados del ‎‎11 de septiembre –atribuidos, contra toda lógica, a los yihadistas– dejaron un saldo de ‎‎2 977 muertos, pero el Emirato Islámico (Daesh), también llamado “Estado Islámico” o ISIS, ya ‎había asesinado a cientos de miles de árabes y africanos.‎

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EL FIN DE LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL

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El clima alrededor del proceso iniciado en La Haya, en 2011, contra un dirigente africano ‎derrocado por Occidente cambió radicalmente después del concierto de Palmira. Recordemos ‎brevemente los hechos.

En el año 2000, Laurent Gbagbo era electo presidente en Costa de Marfil. Gbagbo, que era ‎entonces el candidato de Estados Unidos, instauró inicialmente un régimen autoritario que ‎favorecá a ciertas etnias en detrimento de otras. Pero, Gbagbo decidió después ponerse ‎al servicio de su país. A partir de ese momento, Estados Unidos y Francia instigan una rebelión ‎contra Gbagbo sobre la base de errores que le habían llevado a cometer. Finalmente, después de ‎una intervención de la ONU, el ejército francés derroca al presidente Gbagbo, en 2011, y pone ‎en el poder a Alassane Ouattara, un amigo personal del entonces presidente francés Nicolas ‎Sarkozy. El derrocado presidente Gbagbo es arrestado y puesto a disposición de la Corte Penal ‎Internacional (CPI) para ser juzgado por “genocidio”. Pero ese órgano, nunca logró demostrar los ‎‎“crímenes” atribuidos a Gbagbo y acabó absolviéndolo, en 2019, veredicto ratificado en 2020. ‎Desde entonces, la presencia francesa en África ha venido apagándose inexorablemente. ‎

Contrariamente a lo que querían sus fundadores, la Corte Penal Internacional se había convertido ‎en un instrumento de dominación que sólo condenaba a los nacionalistas africanos. Ese órgano ‎no ha investigado nunca los crímenes de los presidentes de Estados Unidos, de los primeros ‎ministros británicos ni de los presidentes de Francia. Su parcialidad al servicio del imperialismo ‎se hizo todavía más evidente cuando su fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, mintió ‎descaradamente al declarar que tenía detenido al hijo de Muammar el Kadhafi, Saif al-Islam ‎Kadhafi. El único objetivo de aquella falacia era lograr que los libios renunciaran a la resistencia ‎contra la guerra ilegal de la OTAN. ‎

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EL INICIO DE UNA JUSTICIA INTERNACIONAL EQUITATIVA, JUSTA E IGUAL PARA TODOS

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Muy recientemente, el 30 de diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU adoptó una ‎resolución en la que solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal interno de las ‎Naciones Unidas, que se pronuncie sobre la legalidad de la ocupación israelí en Palestina. En ese ‎voto se vio un cambio espectacular de posición de la mayoría de los Estados ante una ocupación ‎que se mantiene desde hace… 75 años. Y el único veredicto lógico de la CIJ es que ese órgano, ‎que se consagra a impartir justicia entre los Estados, acabe condenando la ocupación israelí, ‎lo cual obligará los 195 Estados miembros de la ONU a revisar sus políticas sobre la cuestión ‎palestina. ‎

Los Estados occidentales ahora pretenden crear un nuevo tribunal… porque los tribunales que ya ‎existen ya no se pliegan a sus intereses. Los promotores de esa nueva estructura pretenden ‎‎«condenar a Vladimir Putin por los crímenes rusos en Ucrania».

Pero en realidad se trata de ‎hacer olvidar la responsabilidad de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente francés ‎François Hollande, quienes firmaron los Acuerdos de Minsk como garantes de su aplicación pero ‎sIn tener la menor intención de actuar para ponerlos en práctica… lo cual se tradujo en la ‎muerte de 20 000 ucranianos. También se trata de negar el hecho que fue en virtud de la ‎‎«responsabilidad de proteger» que el presidente ruso Vladimir Putin intervino militarmente ‎en Ucrania para aplicar aquellos Acuerdos, que cuentan además con el aval de la resolución 2202 ‎del Consejo de Seguridad de la ONU. ‎

En toda operación militar siempre hay víctimas, gente que ha menudo muere injustamente. Eso es ‎característico de todas las guerras y es lo que diferencia a las guerras de las operaciones ‎policiales. El problema no es juzgar a quienes hacen la guerra sino evitar que sea necesario ‎recurrir a ella. El objetivo de la justicia internacional no es castigar a quienes se ven obligados a ‎tomar las armas y a matar para defender su patria sino castigar a quienes provocan conflictos de ‎forma artificial y a quienes matan sin razón. ‎

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LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA JUSTICIA OCCIDENTAL ALCANZA SU LÍMITE

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Estados Unidos y la Unión Europea han inventado una extraterritorialidad de sus leyes. En total ‎contradicción con la Carta de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea violan la soberanía de ‎los demás Estados al tratar de obligarlos a aplicar el derecho estadounidense y el derecho ‎europeo. ‎

Desde 1942, Estados Unidos ha venido adoptando un número impresionante de leyes ‎extraterritoriales, como la Trading with the Enemy Act (1942), la Foreign Corrupt Practices ‎Act (1977), la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act (la llamada ley Helms-Burton, ‎adoptada en 1996), la Iran and Libya Sanctions Act (la llamada ley Amato-Kennedy, de 1996), la ‎‎USA PATRIOT Act (2001), la Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act ‎‎(llamada ley Sarbanes-Oxley o SarbOx, de 2002), la Foreign Account Tax Compliance Act ‎‎(también llamada FACTA, en 2010) y la CLOUD Act (2018).‎

En todo ese dispositivo se conjugan permanente las acciones de la “justicia” estadounidense y las ‎de los servicios secretos de Estados Unidos. Al extremo que el contraespionaje francés (DGSI) ‎señala:‎
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«La extraterritorialidad se traduce en una gran variedad de leyes y mecanismos jurídicos que ‎confieren a las autoridades estadounidenses la capacidad de someter empresas extranjeras a ‎sus estándares así como de captar sus habilidades, de entorpecer los esfuerzos de desarrollo de ‎los competidores de las empresas estadounidense, de controlar o vigilar empresas extranjeras que ‎molestan o que son objeto de interés para, de esa manera, generar importantes ingresos ‎financieros» [1].

Ese dispositivo fuerza las empresas extranjeras que trabajan en Estados Unidos, o que utilizan ‎dólares estadounidenses, a plegarse a las políticas de Washington. Además, ese sistema “legaliza” ‎la guerra económica, aplicando el engañoso calificativo de «sanciones» a disposiciones que ‎violan la Carta de la ONU ya que no cuentan con el aval del Consejo de Seguridad. ‎Ese dispositivo es capaz, por ejemplo, de aislar totalmente a un Estado y de imponer el hambre a ‎su población, como sucedió en Irak –bajo la administración Clinton– y como hoy sucede con Siria ‎‎–bajo la administración Biden. ‎

En este momento, siguiendo el “ejemplo” de Estados Unidos, la Unión Europea está dotándose ‎de sus propias leyes extraterritoriales. En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, ‎también llamado el Tribunal de Luxemburgo) llegó emitir un veredicto de culpabilidad contra la ‎casa matriz de un buscador español de internet, con sede fuera de Europa, porque su filial ‎‎“violaba” las leyes europeas. ‎

Pero ese modelo occidental también está cayéndose a pedazos. La guerra económica que ‎Occidente ha desatado contra Irán, durante la agresión occidental contra Siria por medio del ‎terrorismo yihadista, guerra económica que ahora también apunta contra Rusia desde que Moscú ‎inició sus acciones para imponer la aplicación de la resolución 2202 en Ucrania, se ha extendido ‎tanto que Occidente ya es incapaz de sostenerla. ‎

Los buques cisterna de muchos países ya no vacilan en cargar petróleo iraní o ruso en alta mar. ‎El mundo entero lo sabe, pero Occidente finge no saberlo. El Pentágono incluso ha llegado a ‎hundir algunos de esos buques en aguas del Mediterráneo, frente al litoral sirio, pero ‎no se atreve a hacerlo frente a las costas de la Unión Europea, después de haber saboteado los ‎gasoductos rusos Nord Stream y Nord Stream 2. ¿Por qué? Porque quienes “violan” allí las ‎mal llamadas “sanciones” ya no son los “enemigos” de Washington sino sus propios “aliados”. ‎

Por desgracia, esas guerras económicas sólo se hacen impopulares en Occidente cuando son los ‎mismos occidentales quienes comienzan a pagar por ellas un precio insostenible

Durante los 7 últimos años, las potencias firmantes del Acuerdo Minsk II (Alemania, Francia, ‎Ucrania y Rusia) tuvieron en sus manos la responsabilidad de garantizar la aplicación de los ‎compromisos inscritos en ese documento, avalado y legalizado el 17 de febrero de 2015 por el ‎Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, a pesar de los discursos sobre la necesidad de ‎proteger a los ciudadanos amenazados por su propio gobierno, ninguno de esos Estados actuó ‎para garantizar la aplicación de lo pactado en Minsk II. ‎

El 31 de enero de 2022, mientras se hablaba de una posible intervención militar rusa, el secretario ‎del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ucraniano, Oleksiy Danilov, lanzaba un desafío a ‎Alemania, Francia, Rusia y al propio Consejo de Seguridad de la ONU al declarar: ‎
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«El respeto de los acuerdos de Minsk significa la destrucción del país. Cuando se firmaron, ‎bajo la amenaza armada de los rusos –y bajo la mirada de los alemanes y los franceses– ‎ya estaba claro para todas las personas racionales que era imposible poner en aplicación ‎esos documentos.» ‎

Siete años después de aquella firma, la cifra de ucranianos muertos a manos del gobierno de Kiev ‎ya era de 12 000 personas (según Kiev) mientras que la Comisión Investigadora rusa contabilizaba ‎más de 20 000 muertos.

Sólo entonces, Moscú inició una «operación militar especial» contra los ‎elementos ucranianos que se identifican a sí mismos como «nacionalistas integristas», mientras ‎que el gobierno ruso los señala como «neonazis». ‎

Desde el inicio de su operación especial, Moscú precisó que las tropas rusas se limitarían a ‎socorrer a los pobladores del Donbass y a «desnazificar» Ucrania, no a ocuparla.

A pesar de esa ‎clarificación sobre los objetivos rusos, las potencias occidentales acusaron a Rusia de tratar de ‎tomar Kiev, de querer derrocar al presidente Volodimir Zelenski y de proponerse anexar Ucrania. ‎Ya hoy es evidente que las fuerzas rusas no han hecho absolutamente nada de eso. Sólo después de ‎que uno de los negociadores ucranianos, Denis Kireev, fue ejecutado por el SBU –el servicio de ‎seguridad de Ucrania– y de que el presidente Zelenski suspendiera las negociaciones con Moscú, ‎el presidente ruso Vladimir Putin anunció un endurecimiento de las exigencias rusas. Desde aquel ‎momento, la Federación Rusa reclama la «Novorossia», o sea el sur de Ucrania –territorio ‎históricamente ruso desde los tiempos de la zarina Catalina II (Catalina la Grande), con excepción ‎de un periodo de 33 años. ‎

Es importante entender que si Rusia esperó 7 años antes de tomar la iniciativa, no fue porque ‎Moscú fuese insensible a la masacre contra los pobladores rusoparlantes del Donbass sino porque ‎estaba preparándose para enfrentar la previsible respuesta occidental. Según la citación clásica del ‎ministro de Exteriores del zar Alejandro II, el príncipe Alexander Gorchakov:‎
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«El Emperador está decidido a dedicar, preferentemente, sus esfuerzos al bienestar de sus ‎súbditos y a concentrar, en el desarrollo de los recursos internos del país, una actividad que ‎sólo iría más allá de las fronteras cuando los intereses positivos de Rusia así lo exijan ‎absolutamente. A Rusia se le reprocha aislarse y guardar silencio ante hechos que ‎no se corresponden con el derecho ni con la equidad. Rusia nos pone mala cara, dicen. ‎Rusia no pone mala cara. Rusia se recoge.»‎

Esta operación policial ha sido calificada de «agresión» por las potencias occidentales. ‎Subiendo de tono, se ha descrito a Rusia como una «dictadura» y su política exterior se tacha ‎de «imperialismo». Parece que nadie ha leído el Acuerdo de Minsk II, a pesar de que ese ‎documento recibió la validación del Consejo de Seguridad de la ONU. En una conversación ‎telefónica entre el presidente Putin y el presidente de Francia Emmanuel Macron –conversación ‎divulgada por los servicios de la presidencia francesa– el jefe de Estado francés expresa abiertamente su ‎desinterés por la suerte de la población del Donbass, o sea su desprecio por el Acuerdo de ‎Minsk II. ‎

Ahora, los servicios secretos occidentales corren en auxilio de los «nacionalistas integristas» ‎ucranianos (los «neonazis», según la terminología rusa) y, en vez de buscar una solución pacífica, ‎lo que hacen es tratar de destruir la Federación Rusa desde adentro 

A la luz del Derecho Internacional, Moscú no hace otra cosa que aplicar la resolución que el ‎Consejo de Seguridad de la ONU adoptó en 2015. Puede reprochársele lo brutal de sus medios, ‎pero ciertamente no puede decirse que haya actuado con precipitación (después de una espera de ‎‎7 años) ni que su actuación sea ilegítima (tiene el respaldo de la resolucion 2202 del Consejo ‎de Seguridad de la ONU). ‎

De hecho, los presidentes Petro Porochenko, Francois Hollande, Vladimir Putin y la canciller ‎alemana Angela Merkel se habían comprometido, en una declaración común anexa a la ‎resolución, a hacer lo mismo. Si alguna de las potencias representadas por esos dirigentes ‎hubiese intervenido antes, habría podido elegir otras formas de actuación… pero ninguna lo hizo. ‎

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Si hubiese actuado de manera lógica, el secretario general de la ONU habría tenido que llamar al orden ‎a los miembros del Consejo de Seguridad para que no condenaran la operación rusa, cuyo ‎principio habían aceptado 7 años antes –cuando aprobaron la resolución 2202. Tendría que haberlos ‎exhortado más bien a determinar las modalidades de la intervención. Pero no lo hizo sino que, por ‎el contrario, saliéndose de su papel y poniéndose del lado del sistema unipolar, el secretario ‎general acaba de impartir a todos los altos funcionarios de la ONU en teatros de operaciones una ‎instrucción oral para que no se reúnan con diplomáticos rusos. ‎

No es la primera vez que el secretario general de la ONU infringe los estatutos de las Naciones ‎Unidas. Durante la guerra contra Siria, el secretario general de la ONU redactó unas 50 páginas ‎sobre una renuncia del gobierno sirio, dando por sentado que habría que privar a los sirios de su ‎soberanía popular y “desbaasificar” el país. Aquel texto del secretario general de la ONU ‎nunca llegó a publicarse, pero nosotros lo analizamos con espanto en este sitio web. ‎

En definitiva, el enviado especial del secretario general de la ONU en Damasco, Staffan ‎de Mistura, se vio obligado a firmar una declaración donde reconocía que aquel texto carecía de ‎valor legal. Pero la instrucción del secretariado general de la ONU que prohíbe a los ‎funcionarios de Naciones Unidas participar en la reconstrucción de Siria sigue estando en vigor. Es precisamente esa instrucción ‎lo que mantiene paralizado el regreso de los refugiados sirios a su tierra natal, en contra de la ‎voluntad no sólo de Siria sino también de Líbano, Jordania y Turquía. ‎

Durante la guerra de Corea, Estados Unidos aprovechó la política soviética del escaño vacío para ‎imponer su guerra bajo la bandera de la ONU (en aquella época la República Popular China no era ‎miembro del Consejo de Seguridad). Hace 10 años, Estados Unidos utilizó el personal de la ONU ‎para desarrollar una guerra total contra Siria. Actualmente, Estados Unidos va todavía más lejos ‎haciéndola tomar posición contra un miembro permanente del Consejo de Seguridad. ‎

Después de haberse convertido, en tiempos de Kofi Annan, en un ente al servicio de las ‎transnacionales, la ONU de Ban Ki moon y de Antonio Guterres es simplemente un anexo del ‎Departamento de Estado. ‎

Rusia y China saben, como los demás Estados, que la ONU ya no cumple sus funciones. ‎Al contrario, la ONU está agravando las tensiones y participa en guerras –al menos en Siria y ‎en el Cuerno Africano. Ante ese nuevo contexto, Moscú y Pekín están desarrollando nuevas ‎instituciones. ‎

Rusia ya no dirige sus esfuerzos hacia las estructuras heredadas de la Unión Soviética, como la ‎Comunidad de Estados Independientes (CEI) o la Comunidad Económica Euroasiática, ni siquiera ‎hacia la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, tampoco hacia las heredadas de los ‎tiempos de la guerra fría, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ‎‎(OSCE). La Federación Rusa se concentra actualmente en lo que puede definir los contornos de un ‎mundo multilateral. ‎

En primer lugar, la Federación Rusa está poniendo de relieve las acciones económicas de los países ‎del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), acciones que Rusia no reivindica como ‎propias sino como esfuerzos comunes en los que participa. Trece Estados ya esperan unirse al ‎BRICS, aunque ese grupo no se ha declarado abierto a adhesiones. A pesar de ello, el poder del ‎BRICS ya es superior al del G7. La razón es muy simple, el BRICS actúa mientras que el G7 lleva ‎años haciendo declaraciones sobre las grandes cosas que va a hacer, pero que no acaban de ‎concretarse, mientras que sus dirigentes se dedican a criticar a quienes no están presentes para ‎defenderse. ‎

Lo más importante es que Rusia está estimulando una mayor apertura y una profunda ‎transformación de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS). Hasta ahora, la OCS era ‎sólo una estructura de contacto entre los países del Asia Central, alrededor de Rusia y China, ‎creada en aras de contrarrestar y prevenir los desórdenes que los servicios secretos anglosajones ‎trataban de fomentar en esa parte del mundo. Poco a poco esa estructura ha permitido que ‎sus miembros se conozcan mejor entre sí y estos han extendido sus trabajos a otras cuestiones ‎comunes. Además, la OCS se ha ampliado, concretamente con la adhesión de la India, Pakistán e ‎Irán. De hecho, la OCS encarna actualmente los principios enunciados en Bandung, basados en la ‎soberanía de los Estados y en la negociación, frente a los que propugna Occidente, basados en la ‎conformidad con la ideología anglosajona. ‎

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Occidente parlotea mientras que Rusia y China avanzan. Y escribo que “parlotea” porque las ‎potencias occidentales siguen creyendo que sus gestos pomposos serán de alguna manera ‎eficaces. ‎

Cegados por esa creencia, Estados Unidos, Reino Unido y, después, la Unión Europea y Japón ‎adoptaron contra Rusia medidas económicas muy duras. No se atrevieron a decir que estaban ‎iniciando una guerra tendiente a conservar su propia autoridad sobre el mundo y anunciaron esas ‎medidas utilizando el término «sanciones», aunque no hubo tribunal, alegato de parte de los ‎‎“acusados” ni sentencia. Por supuesto, en realidad son sanciones ilegales ya que fueron ‎adoptadas fuera de las instancias de las Naciones Unidas. Pero los occidentales, que ‎se autoproclaman defensores de «reglas internacionales», no están realmente interesados en ‎respetar el Derecho Internacional. ‎

Por supuesto, el derecho al veto, prerrogativa de los 5 miembros permanentes del Consejo ‎de Seguridad de la ONU impide la adopción de sanciones contra uno de ellos. Pero es así ‎precisamente porque el objetivo de las Naciones Unidas no era alinearse tras la ideología ‎anglosajona sino preservar la paz mundial. ‎

Ahora regreso al asunto principal: Rusia y China están avanzando, pero lo hacen a un ritmo muy ‎diferente al de los occidentales. Transcurrieron 2 años entre el compromiso de Rusia de ‎intervenir en Siria y el despliegue de soldados rusos en ese país. Rusia utilizó esos 2 años para ‎terminar de preparar las armas que garantizaron su superioridad en el campo de batalla. En el caso ‎de Ucrania, hubo un periodo de 7 años entre el compromiso ruso contraído en Minsk II y el inicio ‎de la «operación militar especial» en el Donbass, 7 años que Rusia utilizó para prepararse a ‎contrarrestar las sanciones económicas de Occidente. ‎

Es por eso que las «sanciones» no han logrado poner de rodillas la economía rusa sino que, ‎por el contrario, están afectando duramente a quienes las decretaron. Los gobiernos de ‎Alemania y Francia están enfrentando ya graves problemas en el sector de la energía, al extremo ‎que ciertas fábricas ya están trabajando a media máquina y están en peligro de verse obligadas a ‎cerrar. ‎

Mientras tanto, la economía rusa está en plena expansión. Después de vivir 2 meses pendiente de ‎sus reservas, Rusia ha pasado a una etapa de abundancia. Los ingresos del tesoro ruso se ham ‎incrementado en un 32% durante el primer semestre de este año . ‎

El rechazo occidental al gas ruso no sólo se tradujo en un alza de los precios en beneficio del ‎primer exportador mundial –que es Rusia– sino que además esa contradicción con el discurso ‎liberal asustó a los demás Estados consumidores, que naturalmente se volvieron –para garantizar ‎su consumo– hacia Moscú. ‎

China, el coloso que los occidentales se empeñan en presentar como un vendedor de chatarra ‎que sume sus presas en una espiral de endeudamiento, acaba de anular la mayoría de las deudas ‎que 13 Estados africanos habían contraído con Pekín.‎

Oímos a diario los nobles discursos occidentales y sus acusaciones contra Rusia y China. Pero ‎también comprobamos a diario, si nos detenemos en los hechos, que la realidad es lo contrario ‎de lo que nos dicen. ‎

Por ejemplo, Occidente nos explica, sin pruebas, que China es una «dictadura» y que ha ‎‎«encarcelado un millón de uigures». Aunque no disponemos de estadísticas recientes, todos ‎sabemos que en China hay menos presos que en Estados Unidos –a pesar de que ‎Estados Unidos está 4 veces menos poblado que China. También nos dicen que en Rusia ‎se persigue a los homosexuales… pero vemos que en Moscú hay discotecas gays más grandes ‎que en Nueva York. ‎

La ceguera de Occidente conduce a situaciones ridículamente absurdas en las que los dirigentes ‎occidentales ya ni siquiera perciben el impacto de sus propias contradicciones. ‎

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Por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron acaba de visitar Argelia. Está tratando de ‎reconciliar los dos países… de comprar gas para contrarrestar la escasez que él mismo ha ‎contribuido a provocar. Macron sabe que llega demasiado tarde –después de que sus “aliados” ‎‎(Italia y Alemania) ya hicieron sus propias compras– pero se empeña en creer, erróneamente, ‎que el principal problema franco-argelino es la colonización. Macron no ve que es imposible que ‎Argelia confíe en Francia porque Francia apoya precisamente a los peores enemigos de Argelia –‎los yihadistas de Siria y del Sahel. Macron es incapaz de ver el vínculo entre su ausencia de ‎relaciones con Siria, la reciente expulsión de las tropas que Francia había desplegado en Mali ‎‎ y la frialdad de su recibimiento en Argelia. ‎

Es cierto que los franceses no conocen realmente a los yihadistas. Acaban de cerrar, como el ‎más sonado del siglo, el juicio sobre los atentados perpetrados en París el 13 de noviembre ‎de 2015, sin haber sido capaces de plantear la cuestión de los apoyos estatales a los yihadistas. ‎De esa manera, en vez de mostrar su sentido de la justicia, los franceses han demostrado su ‎propia cobardía. Se han mostrado aterrorizados por un puñado de yihadistas, mientras que ‎Argelia ha luchado contra decenas de miles durante su guerra civil y sigue enfrentándolos ahora ‎en el Sahel. ‎

Mientras Rusia y China avanza, Occidente ni siquiera mantiene sus posiciones sino que retrocede. ‎Y seguirá cayendo mientras no logre clarificar su política, mientras no ponga fin a su ‎doble rasero moral y mientras no renuncie a su doble juego.